CERTIFICACIÓN 'CESCOM'

Ofrecemos completos y rigurosos planes de Compliance para salvaguardar a las empresas, y sobre todo su reputación.

El bufete onubense DE VEGA & Asociados COMPLIANCE es uno de los pioneros a nivel nacional en obtener la imprescindible certificación Cescom, y ha sido de los primeros despachos en ofrecer servicio de Compliance en Huelva, ante la importancia para las empresas del estricto cumplimiento de las normas establecidas, incluidas las que se asumen de forma voluntaria.

Este certificado, que otorgan la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA), acredita la competencia y dominio en el ámbito del Compliance, un estándar profesional para conocer, ampliar y actualizar de forma continua los requisitos necesarios, aportando igualmente prestigio y más posibilidades de empleabilidad.


PROFESIONALES CON EXPERIENCIA ACREDITADA EN EL SECTOR

Ámbito de actuación y trabajo



ASCOM es la primera asociación profesional de estas características en España. Se constituyó en 2014 ante la necesidad de crear un espacio común para los profesionales del Compliance en España, y está integrada en la IFCA, que agrupa asociaciones de Compliance de distintos países y que actualmente cuenta con miembros de EEUU, Irlanda, España, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Singapur, Sudáfrica y Corea del Sur.

Desde DE VEGA & Asociados consideran de crucial importancia la acreditación Cescom para ofrecer el servicio personalizado de Compliance, ya que certifica que sus profesionales –con experiencia acreditada en el sector – están capacitados para implementar de la forma más eficaz los programas de cumplimiento normativo que prevea el riesgo al que se ven sometidas las organizaciones como consecuencia de fallos en sus políticas y, por ende, el riesgo para su reputación y su sostenibilidad económica.

El asesoramiento externo que contratan los clientes permite la implementación, seguimiento y cumplimiento del programa de prevención de delitos mediante reportes operativos, memorias anuales, comunicaciones urgentes, auditorías internas, monitorizaciones del programa o acciones correctivas.

Pero el Compliance no se circunscribe solamente al ámbito penal, sino que debe abarcar uno o varios programas de gestión de cumplimiento que, según las características de cada organización, sus actividades y ámbito de actuación, puede comprender otras áreas como pueden ser anticorrupción, protección de datos, blanqueo de capitales, defensa de la competencia, procesos informáticos y nuevas tecnologías, recursos humanos, medio ambiente, derecho tributario, etcétera.

CONSTANTE ADAPTACIÓN NORMATIVA

Las empresas y organizaciones corren alto riesgo de incurrir en innumerables perjuicios y podrían sufrir multas, cierres de la empresa, suspensión temporal de la actividad, intervenciones judiciales o prisión de sus representantes; si no se aplica el correcto Compliance para la prevención, detección y gestión de riesgos específicos de incumplimiento asociados con sus obligaciones.

La gran producción normativa de los países desarrollados, la complejidad y variabilidad de sus contenidos, así como la globalización de las actividades empresariales, hace que las empresas que no cuenten con la función de Compliance profesionalizada, sufran cada vez más daños económicos y reputacionales

 

AMPLIO CATÁLOGO DE DELITOS

El catálogo de delitos –consecuencias tanto penales como económicas– está registrado en la práctica totalidad de los países desarrollados y sus empresas, sean grandes o pequeñas. Fue la Ley Orgánica 5/2010 y su modificación por la LO1/2015 la que fijó la tipología de delitos contemplados en la responsabilidad penal de las organizaciones-personas jurídicas. Los principales delitos que ayuda a prevenir el compliance –susceptibles de generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas– tienen que ver con la trata de seres humanos, corrupción de menores, acceso ilícito a datos y procesos informáticos, estafas, delitos contra el medio ambiente y los recursos humanos, insolvencias punibles, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, propiedad industrial, utilización prohibida de ‘denominación de origen’, alteración de precios de productos, títulos, instrumentos financieros, etc. Así como infracciones o delitos en la ordenación del territorio, delitos contra la salud pública y el despacho ilegal de medicamentos, corrupción en transacciones comerciales, constitución de organizaciones criminales, contrabando o terrorismo entre otros.

 

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